La trama investigada actuaba en dos fases. En primer lugar se producían las irregularidades en la adjudicación de contratos. Una vez eran beneficiadas las empresas sospechosas de pagar comisiones, éstas inflaban el valor final del proyecto, de acuerdo con los responsables de Acuamed implicados.
El virus de la corrupción se ha metido hasta la cocina del Estado para hacer negocio con la sequía. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmantelado una trama en la empresa pública Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA) que, con la colaboración imprescindible de grandes constructoras nacionales, cobró presuntamente comisiones por amañar adjudicaciones para la ejecución de embalses, desaladoras y conducciones hidráulicas, y aceptó incrementos de hasta un 10% en el precio inicial de esas obras.
Según han revelado a este diario fuentes cercanas a la llamada operación Frontino -denominada así en honor a un ingeniero hidráulico del Imperio Romano-, los 13 detenidos en esta primera fase habrían ocasionado un perjuicio a las arcas públicas superior a los 20 millones de euros.
En el sumario aparece citado reiteradamente el entonces Ministro de Agricultura y hoy Comisario Europeo, Miguel Arias Cañete.
Participó en dos contratos bajo sospecha firmados por Acuamed, el del Cerro Colorado y el del Río. Finalmente Acuamed pagó 490.000 euros a la empresa Altyum en concepto de certificación de forma indebida. Según la UCO, Zeid habría actuado para “enmascarar y justificar el pago”.
El auto judicial revela que la adjudicación de los trabajos para la desaladora de Campello-Mutxamel (Alicante) a Altyu fue "amañada". Además, Acuamed liquidó la obra de la presa de Antiavenidas del Río Serpis (Valencia) a favor de Altyum "por casi dos millones de euros más de lo que procedía, enmascarando esos importes hinchados en inexistentes trabajos de arqueología".
En el auto del juez Eloy Velasco, magistrado del Juzgado Central de Instrucción Central número, se acusa a Moreno Maestre de “prestarse sabiendo que es irregular y no se puede hacer, no sólo a las connivencias y un afán más que de perjudicar los intereses públicos e hinchar los beneficios de sus empresas, ampliando su prestigio profesional en función de sus resultados y dando prebendas a los funcionarios conniventes”